Del nacionalismo católico a la Revolución Cubana

Los nombres de la Revolución 

Tengo edad suficiente como para recordar cuando la palabra “revolución” era usada coloquialmente para referirse a los golpes militares. “Cuando vino la revolución”, o “antes de la revolución”, eran expresiones comunes, sin ninguna connotación ideológica en particular. Este uso comenzó a declinar, creo, a mediados de la década del 80 del siglo pasado. Esa declinación fue probablemente acelerada por los golpistas del 76, los primeros en no definir su propio golpe como “revolución” sino con el kafkiano término “proceso”.   

El uso de aquella palabra tiene un atractivo profundo en un país que nació a la vida independiente de una Revolución. Como recordaba Fabio Wasserman en la primera entrega de esta serie, la Revolución es el mito fundante de la Argentina. Cada movimiento armado de toma del poder, exitoso o no, tuvo una intención refundacional o regenerativa, la de restituir por la fuerza el curso de nuestra historia al cauce del que supuestamente no debía haberse apartado. Su abuso sugiere también cierta manía autocelebratoria, derivada de nuestra grandilocuencia nacional, y la apelación más o menos consciente a esa otra imagen fundacional del país: la del pueblo llenando las calles con la voz en cuello y los puños cortando el aire. A diferencia de los norteamericanos, que sólo tienen una Revolución, nos parecemos más bien a los franceses, que desde 1789 han llamado Revolución a algunas de sus mayores crisis políticas, siempre marcadas por la erupción callejera de las masas. En nuestro caso, sólo un puñado de revoluciones califica realmente para esta categoría epocal—las del 90, del 30, del 43—mientras que otras—las de 1874, 1893 o 1905, por ejemplo—fueron episodios importantes en su momento pero que difícilmente puedan compararse con aquellas en trascendencia histórica. 

Una revolución entre todas ocupa una categoría especial: la Revolución Libertadora, la revolución maldita de la historia argentina. Apoyada en 1955 por todo el espectro antiperonista, desde los conservadores a los comunistas, pasando por radicales, liberales y demócrata-cristianos, hoy no encuentra fácilmente quién la defienda. Para los antiperonistas de entonces fue una verdadera revolución, el fin de un régimen que siempre habían identificado con el fascismo y la esperanza de un renacimiento democrático, bañado, al decir de Borges, por “las épicas lluvias de setiembre / que nadie olvidará” (y no fue olvidada, aunque no por las razones que pensaba Borges). Que esa esperanza excluyera al mayoritario pueblo peronista explica su fracaso político y el trágico “empate hegemónico” de las décadas siguientes.    

Rebautizada “La Fusiladora” por sus detractores, en la profesión histórica se ha vuelto común denominarla golpe o entrecomillarla como “autodenominada”, una clara democión de rango insurreccional. En el recientemente publicado Diccionario histórico del peronismo 1943-1955, sus editores Samuel Amaral y Carolina Barry, con un criterio historiográfico que comparto, restituyen al alzamiento su denominación original. Más allá de las preferencias políticas de cada uno, metodológicamente me parece más correcto usar el término que usaron los actores de su tiempo (incluyendo al mismo Perón, en su libro Tres Revoluciones Militares), sin que esto implique un juicio de valor positivo sobre su significación histórica.

De la Revolución Libertadora podría decirse lo que más tarde se dijo de la Revolución Argentina: que tenía dos almas: nacionalista y liberal, los hermanos enemigos del Ejército argentino del siglo XX. Aún más exacto sería decir que hubo dos Revoluciones Libertadoras: la que triunfó en septiembre bajo el mando militar de Eduardo Lonardi (aunque militarmente fue una derrota táctica), y la que surgió del golpe palaciego que desalojó a Lonardi del gobierno dos meses más tarde, llevando a la presidencia al líder de esa revuelta interna, Pedro Eugenio Aramburu. No se trató de una competencia de individuos sino de facciones: los liberales de Aramburu contra los nacionalistas de Lonardi.

Si el desplazamiento de Lonardi significó la salida de los nacionalistas del gobierno, los fusilamientos de jefes militares y militantes civiles del fallido levantamiento peronista del 9 de junio de 1956 marcó el comienzo de la radicalización opositora de aquellos mismos nacionalistas contra la Revolución de la que habían sido parte. Esta radicalización explica porqué, en el transcurso de unos pocos años, tuvo lugar una importante mutación ideológica del nacionalismo católico, verificada sobre todo en la resemantización del concepto de revolución nacional. En virtud de dicha resemantización, el significado que ese concepto había tenido para este grupo durante las décadas anteriores, el de un golpe de estado que revertía la soberanía popular en el gobierno de las élites y sustituía la democracia liberal por un Estado corporativo inspirado en el modelo del Portugal de Salazar o la España franquista, se transformó en otro, inspirado por la Revolución Cubana, según el cual la toma del poder debía ser el resultado de una sublevación popular de alcance continental. Como señala la historiadora María Valeria Galván, algunos nacionalistas entendieron que el objetivo de esta redefinida revolución nacional era frenar el avance en América latina del comunismo, que ellos veían como una consecuencia de la supuesta debilidad de la Cuba revolucionaria frente a la influencia de la URSS. Otros nacionalistas abrazarían una versión marxista de la revolución, aunque sin romper del todo con sus creencias cristianas; éste será el caso de los jóvenes católicos que fueron el germen de la mayor organización revolucionaria peronista, Montoneros. Esta mutación ideológica tuvo lugar en forma paralela e interconectada con otros procesos de mutación ideológica que buscaban tejer una nueva síntesis entre el peronismo tradicional y las ideas marxistas, desde la obra de John William Cooke y los pensadores de la llamada “izquierda nacional” a la de los intelectuales disidentes de la ortodoxia del PC o el Partido Socialista. Esta mutación no afectó a todos los nacionalistas, pero fue uno de los motores de la radicalización política de los años 60. La progresiva alienación mutua de los dos polos emergentes del nacionalismo católico—los integristas, tradicionalmente antiperonistas, y los nuevos conversos al peronismo y la Revolución Cubana—fue el huevo de la serpiente del enfrentamiento que culminó en la salvaje represión del golpe del 76.   

Una mutación similar tuvo lugar durante ese mismo período en la Democracia Cristiana, como documentaron Alejandro Mayol, Norberto Habegger y Arturo Armada en su clásico Los católicos posconciliares en la Argentina . En este caso se trató de militantes inspirados, entre otras fuentes, por los principios políticos liberales de Jacques Maritain y el humanismo económico de Louis-Joseph Lebret. Al radicalizarse, estos militantes pasaron, primero, al peronismo, y después a la acción armada. También aquí, el habitus nacionalista de militarizar la lucha por el poder tendría consecuencias descomunalmente trágicas. 

Ambos casos son parte de otro, más amplio y bien estudiado fenómeno: la peronización de las clases medias de la década del 60. Este proceso fue encabezado por los estudiantes universitarios, seguidores fervorosos del mismo peronismo que sus padres habían combatido con igual fervor entre 1945 y 1955. Otras vertientes paralelas serán el pensamiento de la “constelación tercermundista” (término acuñado por la historiadora Claudia Touris para englobar a los curas del Tercer Mundo y sus compañeros de ruta) y la sociología anticientificista de las Cátedras Nacionales. Estos procesos de mutación ideológica ocurridos entre fines de los años 50 y mediados de los 60, y en los que intervienen, en distinto grado de combinación, el nacionalismo católico, el marxismo y el peronismo, fueron también el telón de fondo intelectual de la teología de la pastoral popular de los peritos de la Comisión Episcopal de Pastoral (COEPAL), primera instanciación histórica de lo que más tarde se denominó teología del pueblo.                                                                                                                                                                                            

De los fusilamientos del 56 a la Revolución Cubana: Marcelo Sánchez Sorondo y la redescripción del concepto “Revolución Nacional” 

La violencia inédita del castigo que Aramburu y su vicepresidente, el almirante Isaac Francisco Rojas, depararon a oficiales, suboficiales y civiles involucrados en el levantamiento de junio del 56 sacudió no sólo al perseguido peronismo sino también a los nacionalistas. La pena de muerte para los opositores políticos no había sido aplicada oficialmente en el país desde las guerras civiles del siglo XIX. Había una norma legal que la habilitaba, la ley 14.117, sancionada por el Congreso tras el golpe del general Benjamín Menéndez de 1951, pero Perón no había mostrado ninguna intención de aplicarla contra sus enemigos de 1955. Más aún, su renuencia a desencadenar el derramamiento de sangre que habría sido necesario para aplastar la rebelión setembrina fue una de las principales explicaciones dadas, ya en aquellos años, a su rápido abandono del poder y su marcha al exilio. Los fusilamientos de Aramburu y Rojas, realizados en parte de una manera clandestina que prefiguró la acción de los grupos de tareas de dos décadas más tarde, dejaron una profunda herida en la consciencia colectiva. A la larga, sus consecuencias fueron personalmente nefastas para el propio Aramburu.

En lo inmediato, sin embargo, el impacto social de los fusilamientos no parece haber afectado demasiado al gobierno. La revista católica Criterio cuestionó la oportunidad del alzamiento y le dedicó una cobertura mínima. El propio Perón expresó en su correspondencia su desprecio por los militares sublevados, que en su opinión no habían sabido defenderlo en septiembre del año anterior y que ahora se habían levantado en armas sólo porque su propia situación profesional se había visto perjudicada por la desperonización de las fuerzas armadas. Según el futuro secretario general de redacción de La Nación, José Claudio Escribano, los únicos que se manifestaron públicamente en contra de los fusilamientos fueron “grupos actuantes en el nacionalismo”. El principal testimonio histórico de la matanza, en efecto, fue escrito por un periodista nacionalista que un año antes había publicado en la revista Leoplán el panegírico de los “heroicos aviadores de la marina” caídos en 1955 en el sur de la provincia de Buenos Aires durante la represión de las fuerzas leales a Perón a la insurrección lonardiana, Rodolfo Walsh. Operación masacre fue publicado por una pequeña editorial, cuyo propietario era el director de la revista nacionalista Azul y Blanco, Marcelo Sánchez Sorondo. 

La primera versión del libro apareció por entregas, entre el 15 de enero y el 30 de marzo de 1957, en el pequeño diario nacionalista denominado, no casualmente, Revolución Nacional, con el que estaba vinculado el ex ministro de Trabajo de Lonardi, el abogado laboralista Luis Cerutti Costa. Del 27 al 29 de junio de ese año, Walsh publicó nueve artículos más en la revista de los hermanos Tulio y Bruno Jacovella. Estos le presentaron a Sánchez Sorondo, que tenía sus oficinas en el Estudio Ramos Mejía, en Retiro, en donde también funcionaba la redacción de Azul y Blanco. La primera edición en forma de libro de Operación Masacre apareció en diciembre de 1957 con el subtítulo «Un proceso que no ha sido clausurado», y bajo el sello de Ediciones Sigla, de Jorge Ramos Mejía y Sánchez Sorondo. En reediciones posteriores (1964, 1969, y otras siete ediciones entre 1972 y 1974), Walsh fue rectificando datos y agregando o suprimiendo algunos pasajes, hasta que el libro adquirió su forma definitiva.

Azul y Blanco y su carismático director, centros de gravitación del nacionalismo argentino desde mediados de la década del 50 a fines de la siguiente, fueron precisamente el eslabón clave de la mutación del nacionalismo católico. La ya mencionada Galván es quien más exhaustivamente ha estudiado esta publicación. En torno a ella, Sánchez Sorondo nucleó a los más importantes dirigentes nacionalistas de su tiempo, desde otros ex miembros del gabinete de Lonardi como Mario Amadeo o Juan Carlos “Bebe” Goyeneche, a notables de la generación anterior, como Máximo Etchecopar y Federico Ibarguren. Bajo su dirección, Azul y Blanco se convirtió además en uno de los más implacables críticos del gobierno de Aramburu. Desde su fundación hasta su desaparición, a fines de los años 60, la revista se entreveró intensamente en el debate público con la izquierda nacional, el comunismo, el liberalismo, los militares, el sindicalismo y la Iglesia, contribuyendo así a definir la agenda nacionalista. 

El contexto internacional jugó también un rol decisivo. La guerra fría entre Estados Unidos y la URSS, iniciada a fines de la década de 1940 sobre las ruinas de Europa, cobró verdadera entidad en América latina alrededor de 1954, con la intervención encubierta de la CIA en el derrocamiento del presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz, por sus supuestos vínculos con el comunismo, y especialmente a partir del triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959. La repercusión mundial de este triunfo revitalizó la vieja idea de la identidad latinoamericana, muy cara al pensamiento nacionalista argentino; las páginas de Azul y blanco fueron el laboratorio lingüístico en el que este nuevo hispanismo se cruzó con el concepto de revolución nacional, extraído del repertorio tradicional del nacionalismo y redefinido ahora como una revolución de escala continental. 

 La consigna de la Revolución Nacional flotaba en el aire político argentino de la segunda mitad de los años 50. El Movimiento Nacionalista Tacuara, gestado en aquellos años, la proclamará como su principal objetivo. Pero fueron los intelectuales nacionalistas ligados a Azul y Blanco los que operaron la redescripción lingüística del concepto en el sentido indicado más arriba. Para ellos, la Revolución nacional era la “única salida a la crisis institucional argentina”, prolegómeno de la “refundación” del país “a partir de la recuperación de algunos viejos pilares nacionalistas como por ejemplo el corporativismo, el militarismo y el obrerismo”.  

Las notas primarias del concepto eran las mismas que había tenido en el discurso nacionalista argentino desde fines de los años 20: el reemplazo del sistema democrático liberal por un sistema corporativo que expresara y defendiera los valores fundamentales de la comunidad nacional, valores enraizados en la tradición hispano-católica del país. A estas notas básicas se agregaron otras tomadas del discurso peronista, como la búsqueda de la independencia económica y la justicia social. Las viejas ideas nacionalistas de una élite militar y un Estado corporativo también sufrieron una mutación. Si el estigma del viejo nacionalismo uriburista había sido su carácter impopular, y en rigor, antipopular, para el representante militar de este nuevo nacionalismo en los años 60, el general Juan Carlos Onganía, la alianza con los sindicatos peronistas será la plataforma para soñar, por un breve tiempo, con un nuevo tipo de régimen corporativo, bendecido esta vez por el calor de las multitudes populares.

Si el balance histórico de la experiencia peronista llevó a los nacionalistas a aceptar como irreversible la participación de las masas obreras en la vida política del país, su peculiar interpretación de la experiencia cubana resignificó su noción de comunidad nacional. Ellos habían saludado el triunfo de la Revolución de la isla caribeña como el triunfo de un pueblo que era parte de una comunidad espiritual mucho más amplia—América latina. En Cuba, ese pueblo continental se había rebelado exitosamente por primera vez contra la opresión del imperialismo norteamericano y sus lacayos locales. Los ecos rodonianos del anti-norteamericanismo nacionalista eran evidentes, como también lo era la comparación con la situación argentina, en donde el pueblo estaba siendo igualmente oprimido por una minoría antinacional. Antes incluso de convertirse en una bandera de la izquierda local, la Revolución Cubana fue así reivindicada como modelo por los nacionalistas argentinos.

Sánchez Sorondo creía que esa revolución genuinamente nacional y popular se había visto forzada a buscar el apoyo de la Unión Soviética no por voluntad propia sino por el aislamiento internacional impuesto por Washington después de las grandes confiscaciones de empresas norteamericanas decretadas por el gobierno revolucionario. Además de inaugurar en nuestro propio hemisferio la confrontación bipolar de la guerra fría, la presencia soviética amenazaba con repetir en suelo cubano el drama húngaro de 1956, que Azul y Blanco había denunciado en su momento; el hispanoamericanismo de la revista se fundió así con un clamoroso anticomunismo. El temor al takeover soviético de la Revolución cubana reflejaba también el temor de los nacionalistas argentinos a que el PC terminara ocupando el vacío político que la política de desperonización de la Revolución Libertadora había dejado en el movimiento obrero local. Un temor similar recorrió los movimientos nacionalistas de otros países de la región. Este nacionalismo latinoamericanista, inspirado simultáneamente por la Revolución Cubana y el miedo a la infiltración comunista, dará la tónica del nacionalismo argentino de los 60, que al mismo tiempo seguirá conservando su concepción corporativista y católica de fondo. Este nacionalismo, como anticipé más arriba, tendrá su momento de mayor ascendencia política durante los primeros meses de la dictadura de Onganía.

Si el balance histórico de la experiencia peronista llevó a los nacionalistas a aceptar como irreversible la participación de las masas obreras en la vida política del país, su peculiar interpretación de la experiencia cubana resignificó su noción de comunidad nacional.

La paradoja del Onganiato

Paradójicamente, es en este mismo momento que otra vertiente del nacionalismo católico se decantará en una dirección radicalmente opuesta, denunciando a la dictadura de Onganía como la negación de los verdaderos valores cristianos. Esta vertiente, representada sobre todo por la revista Cristianismo y Revolución, será la principal usina intelectual de la primera etapa de Montoneros.

Las expectativas que los nacionalistas habían puesto en Onganía se vieron frustradas muy rápidamente, cuando a los seis meses de haber tomado el poder reorientó su política económica por los carriles liberales inaugurados por la Libertadora. Sánchez Sorondo puso entonces en marcha el Movimiento para la Revolución Nacional, e invitó a sumarse a él a “todos los actores que privilegiasen la defensa de los intereses nacionales”,  incluyendo a los sectores de la llamada nueva izquierda argentina, que venían de una experiencia similar de transformación interna tras el ejemplo cubano. El hispanoamericanismo revolucionario de Azul y Blanco y su director tendría una última e inesperada validación en la Revolución peruana de Juan Velasco Alvarado, que llegó a ejercer una profunda influencia en un importante sector del Ejército argentino. En Hispanoamérica, la profundidad de los problemas sociales era tan grande que la revolución nacional de cada país sólo podía tener éxito en el marco de un proceso revolucionario continental, que uniera a los pueblos latinoamericanos en un mismo frente de lucha anti-imperialista. Esta prédica incansable del nacionalismo convergería casi imperceptiblemente con la prédica revolucionaria de la izquierda, creando de este modo un lenguaje común de revolución nacional, movilización popular y unidad latinoamericana. Este lenguaje revolucionario encontraría un receptor ávido en las nuevas generaciones que a mediados de los años sesenta, con todo el fuego de la juventud, se asomaban masivamente a la vida política.

Este artículo es la adaptación para Supernova de un capítulo de su libro de próxima aparición, Iglesia, clase trabajadora y peronismo. La Juventud Obrera Católica y los antecedentes de la teología del pueblo (Rosario: Prehistoria)