El mar argentino, un hardware sin software
El espacio marítimo argentino es un gigante casi invisible para la opinión pública. Su riqueza ambiental única y posibilidades productivas están desaprovechadas por un software político y económico forjado sobre la llanura pampeana. Para revertir eso es necesaria una revolución espacial que combine liderazgo político, coordinación estatal y continuidad en los esfuerzos de articulación.
por Javier Figueroa
La Raumrevolution que nos debemos
El concepto de territorio nacional ha vuelto a la esfera pública en estos días. Glaciares, fronteras, la discusión sobre la propiedad de grandes extensiones de tierra por extranjeros, ha generado intensas discusiones políticas, movilizaciones, debates parlamentarios, pronunciamientos de la Corte Suprema etc.
Sin embargo, nos cuesta pensar ―o más aún, siquiera percatarnos― que más de dos tercios de la extensión de nuestro país son espacios marinos. Espacios sujetos a regímenes jurídicos diversos, a un histórico conflicto de soberanía, huérfano de políticas y ausente en nuestra cultura.
¿Cuáles son las razones de este aparente desinterés y cómo podríamos revertirlo?
La paradojal relación de los argentinos con el mar
Los espacios marítimos argentinos (que incluyen el mar territorial, zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental) representan una inmensa superficie de 6.683.000 km cuadrados y 11.000 km de costas continentales, insulares y antárticas. Un gigante cuasi invisible ante la opinión pública, que aloja una riqueza ambiental única y posibilidades productivas muchas veces desaprovechada.
Si bien nuestro país cuenta actualmente con sectores de la llamada “economía azul” muy dinámicos, estamos por debajo de nuestras posibilidades. Contamos con una industria pesquera que genera más de 2000 millones de dólares de exportaciones y enorme potencial para agregar valor a las capturas que permitiría multiplicar ese valor. La explotación offshore en aguas frente a Tierra del Fuego se encuentra consolidada y en expansión, pero aún desconocemos el potencial de las siete cuencas sedimentarias de la plataforma continental que cuentan con unos recursos para ampliar significativamente las reservas hidrocarburíferas de nuestro país, una Vaca Muerta sumergida. La principal actividad de avistaje de ballenas turística del mundo se da en la Península Valdés y Ushuaia concentra el 90 por ciento del tráfico de buques turísticos a la Antártida.
Juristas y diplomáticos argentinos han contribuido decisivamente en la creación y desarrollo de las instituciones y normas que definen el uso de los océanos por la humanidad, sin embargo, nuestro peso real en cuestiones estratégicas y económicas no se condice con tal protagonismo legislativo. Hemos escrito el guión de una película protagonizada por otros.
Nuestro territorio marítimo es épico en sus dimensiones y vital para el desarrollo de nuestro país, sin embargo, no pudimos generar una narrativa política al respecto, que se tradujera en políticas públicas integrales y presupuestos acordes.
¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué perdimos una industria naval líder en la región y ello no nos escandaliza? ¿Por qué muchas veces iniciativas y programas vinculados al mar resultan discontinuados? Los vaivenes políticos de nuestro país no bastan para explicarlo. Quizás haya que buscar el origen de tal paradoja en nuestra historia económica. Nuestro “hardware” productivo ―una exitosa economía agroganadera del siglo XIX y la posterior industrialización del siglo XX― nunca demandó el “software” institucional, jurídico y cultural propio de una república marítima.
El mar fue, desde nuestros inicios como nación, una cinta transportadora de nuestra producción, más que una promesa de riqueza en sí. A diferencia de los puertos británicos, los de Nueva Inglaterra, genoveses, vascos o portugueses, que fueron centros de construcción naval, de innovación y de acumulación de saber náutico, nuestros principales puertos han sido, principalmente, terminales de carga. Ese desinterés marino permeó, como no podía ser de otra manera, en nuestra cultura. Las referencias oceánicas en nuestra literatura son mínimas. El tango, una música portuaria y hecha de retazos de músicas e instrumentos de más allá del Atlántico no generó letras marinas.
Somos un país de río y pampa. Nuestra mitología fundacional se construyó alrededor del desierto, la pampa y el gaucho. Acaso pocas imágenes expresen mejor nuestra paradójica relación con el océano que aquella con la que la banda argentina La Portuaria retrató a Buenos Aires en su canción de 1991 El bar de la calle Rodney: “un puerto sin salida al mar”. Más que una descripción geográfica, la expresión parece condensar una particular relación cultural con el espacio marítimo: una ciudad cuya identidad está íntimamente ligada al puerto, pero cuyo imaginario rara vez se proyecta más allá de él. El mar permanece, así, como telón de fondo antes que como protagonista.
Juristas y diplomáticos argentinos han contribuido decisivamente en la creación y desarrollo de las instituciones y normas que definen el uso de los océanos por la humanidad, sin embargo, nuestro peso real en cuestiones estratégicas y económicas no se condice con tal protagonismo legislativo. Hemos escrito el guión de una película protagonizada por otros.
Si la historia terminara aquí, estaríamos ante un determinismo geográfico inapelable. Sin embargo, Carl Schmitt, en Tierra y mar, ofrece una perspectiva diferente: la relación de los pueblos con el espacio no está predeterminada, sino que puede transformarse históricamente.
Schmitt narra la metamorfosis inglesa. Hasta Isabel I, Inglaterra era un país rural, ganadero y feudal, de renta más que innovación. Era Behemoth, el monstruo de la tierra. En una sola generación, por decisión política, se convierte en Leviatán, el monstruo del mar. ¿Cómo? A través de lo que Schmitt llama una Raumrevolution, una revolución espacial.
Inglaterra no tenía astilleros, ni marineros y una dudosa vocación marítima. La visión oceánica que derivaría en apenas unos siglos en Britannia, rule the waves, el verso de la oda Rule, ¡Britannia!, fue creada mediante tres actos de software institucional: primero, las Navigation Acts de 1651, que reservaron el comercio inglés a barcos ingleses y crearon una industria naval; segundo, una operación cultural, la conversión del pirata en héroe nacional ―Drake, Raleigh― como nuevo panteón mítico británico; y tercero, la identificación de un enemigo marítimo existencial ―España― que obligó a mirar al mar para sobrevivir.
La tesis de Schmitt es anti-determinista: el mar no es un dato de la naturaleza, es una decisión que enfrenta una nación. Un pueblo que decide embarcarse.
La gran potencia naval contemporánea, los Estados Unidos, siguió un camino similar. Leyes "desarrollistas" (Naval Act de 1795 y 1816 y las posteriores a la Guerra Civil), las lecciones tempranas aprendidas a la fuerza (la quema de Washington por las tropas británicas en 1813 y el bloqueo naval que la hicieron posible), la decisión política de expansión estadounidense al sur y al oeste, el rol de la caza de ballenas (de 1820 a 1860 EE.UU dominó el 80 por ciento del negocio) y el triángulo del comercio de pieles con China y posteriormente los clippers del comercio del té y el opio hicieron florecer una potente industria naval y florecientes puertos comerciales a los largo de Nueva Inglaterra ya durante el siglo XIX.
Argentina nunca tomó esa decisión porque nunca tuvo un incentivo para tomarla. El mar nunca fue para nosotros una amenaza existencial, aunque sufrimos invasiones y embargos navales y la guerra de Malvinas (que se decidió en el mar). Tampoco fue una promesa de riqueza. Nuestros puertos y ríos fueron objeto y causa de virulentos conflictos en el siglo XIX, aunque el puerto se consideró más como una frontera estática a controlar (y fuente de rentas) que como una vía de proyección al mundo y/o catalizador de industrias y saberes.
La tesis de Schmitt es anti-determinista: el mar no es un dato de la naturaleza, es una decisión que enfrenta una nación.
Geopolítica y un nuevo hardware
La Raumrevolution argentina es hoy posible. La geopolítica del Atlántico Sur está mutando. De la irrelevancia al cual fue condenado el Atlántico Sur luego de la apertura del Canal de Panamá ―irrelevancia brevemente y módicamente interrumpida en ambas guerras mundiales― hoy estamos presenciando un creciente interés estratégico derivado de la competencia sistémica de los EE.UU. y China. En este contexto el control de rutas marítimas, el acceso a la Antártida y la presencia de importantes recursos hidrocarburíferos en Malvinas ―y la tensión que ello generará en la disputa con el Reino Unido― hacen prever una mayor atención por parte de nuestras élites políticas y económicas, independientemente del color político del Gobierno de turno. Basta mirar los diarios del día.
No pocos analistas internacionales sostienen que la erosión presente del derecho internacional y el multilateralismo tendrá un capítulo no deseado y muy grave (de ocurrir) sobre el Sistema del Tratado Antártico. Dicho Tratado resguarda los derechos países reclamantes de soberanía en la Antártida (como nosotros) y ha sido un instrumento que garantizó la cooperación internacional y la paz en el continente aún en los momentos más álgidos de la Guerra Fría, pero podría ser asediado por presiones que lleven a su disfuncionalidad y eventual colapso. Prever un escenario anómico o de competencia nos hará necesariamente atentos a esa geografía. Sin capacidad de presencia y logística antártica no podremos tallar en esa discusión, si llegara el caso.
Las grandes ventajas comparativas del siglo XXI de nuestro país, como la existencia de ingentes recursos mineros y energéticos situados fuera de áreas de conflicto, sumado a nuestro histórico y eficiente complejo agroindustrial, requieren para su desarrollo de infraestructura e industrias vinculadas al mar. Unos ejemplos:
1) El desarrollo de Vaca Muerta como proyecto exportador global requiere de la instalación de plantas flotantes de licuefacción de gas y exportándose en metaneros, así como de instalaciones para embarcar crudo. Ello implica cuantiosas inversiones portuarias, gran cantidad de buques logísticos (suppliers, remolcadores) y un expertise de gestión de actividades muy complejas que necesariamente se construirá.
2) A mediano plazo cabe esperar nuevos desarrollos costa afuera en la plataforma continental argentina. Basta ver el impacto económico y tecnológico que tal actividad tuvo en Brasil cuando se desarrolló el Pre Sal que convirtió a ese país en el mayor productor offshore de América y uno de los diez mayores del mundo. Ello ocurrió en poco más de una década. Será cuestión de tiempo que ello ocurra en nuestro país.
3) El sur de Chubut y Santa Cruz cuenta con algunos de los factores de capacidad eólica más altos del planeta. El desarrollo de proyectos de hidrógeno en la Patagonia requiere, en realidad, puertos de aguas profundas y una flota especializada.
4) Acuicultura y biotecnología azul:. Tenemos condiciones geográficas para desarrollar acuicultura, una industria que ha desplazado globalmente a la pesca tradicional en toneladas y que le permiten a Noruega y Chile exportar, respectivamente, 12.500 y 6.400 millones de dólares. Para tener una medida de comparación nuestras exportaciones tradicionales (carne, raíz y trigo) ascendieron en 2025 a 4.727, 6.660 y 2.175 millones de dólares respectivamente.
5) En un futuro cabe esperar la explotación en nuestra plataforma continental de minerales de alta aplicabilidad industrial (ej. nódulos polimetálicos). Existen estimaciones preliminares que requerirán más investigación y política (normativa y debate público respecto de la actividad).
6) La actividad pesquera de buques de terceras banderas que faenan fuera de la Zona Económica Exclusiva Argentina abre oportunidades a los puertos patagónicos, que podrían disputar una renta logística hoy aprovechada por Montevideo y otros puertos de la región, mientras puertos propios se encuentran subocupados.
7) La logística antártica tiene la potencialidad de transformar la economía de Ushuaia. La posición de liderazgo en lo turístico antes mencionada debe ampliarse al apoyo a los planes antárticos nacionales de otros países. La mayor concentración de bases científicas (49 de 18 países) en el continente blanco se encuentran en la Península Antártica.
Todos estos nuevos complejos productivos y actividades demandarán ingenieros navales, geólogos y biólogos marinos, astilleros y puertos. El hardware está pidiendo un nuevo software.
La realidad nos impone la necesidad de construir un pensamiento estratégico que no debe ignorar lo oceánico. Los desafíos por venir requerirán de sofisticadas políticas públicas que aseguren la infraestructura crítica, rutas de navegación, recursos, etc. y una diplomacia que resguarde la condición pacífica de la región.
El mar nunca fue para nosotros una amenaza existencial. Tampoco fue una promesa de riqueza. El puerto se consideró más como una frontera estática a controlar (y fuente de rentas) que como una vía de proyección al mundo.

¿Con qué contamos para desarrollar un software oceánico?
¿Es posible pensar en algún disparador institucional que canalice las energías dispersas? ¿Cuáles son aquellos factores culturales que pueden contribuir a ello? Contamos con lo más valioso: Conocimiento.
Peter Haas, teórico de las Relaciones Internacionales, define a las “comunidades epistémicas” como redes de expertos que comparten una lectura causal del mundo y un proyecto político común, y que ambicionan verlo plasmado en políticas públicas.
Nuestro país cuenta con cientos de científicos dedicados a las ciencias de mar y cuadros estatales con vasta experiencia en temas oceánicos, desde los diversos institutos del CONICET (CENPAT, CADIC), y las universidades (con la Universidad de la Defensa Nacional) hasta los institutos especializados como el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero y el Servicio de Hidrografía Naval, así como la enorme cantidad de funcionarios especializados en la Armada Argentina, Prefectura Naval y la Cancillería Argentina, entre otros. Se suma a esto una enorme red de organizaciones de la Sociedad Civil, con intereses y activa militancia en cuestiones ambientales, defensa y seguridad y relaciones internacionales.
Ese denso entramado institucional de saberes y políticas hacia el mar se encuentra disperso. Si bien existen instancias interministeriales en la materia, como la iniciativa Pampa Azul de ciencia, las mismas abordan temáticas y agendas parciales. Se requiere algún mecanismo institucional que permita canalizar esas capacidades en una visión totalizadora.
En diversos países existen distintos arreglos institucionales, consejos nacionales, y otros ámbitos en los que planifican y/o ejecutan políticas oceánicas. La eficiencia de tales arreglos varía de país a país, pero es indudable que un espacio de coordinación estratégica resulta positivo. La pregunta que cabe formularnos es si en nuestro país resulta viable en la coyuntura actual un esquema como los reseñados.
Quizás más que en instituciones haya que pensar en procesos que contribuyan a la generación de esa convergencia. En ese sentido, los denominados Planes Oceánicos Sostenibles (POS) constituyen una herramienta estratégica para traducir compromisos internacionales en políticas públicas nacionales concretas. Su objetivo es integrar en una misma hoja de ruta la conservación de los ecosistemas marinos, el desarrollo económico, la seguridad alimentaria y la gobernanza marítima. En lugar de abordar cada sector por separado, los POS proponen una planificación integral del espacio oceánico y costero, alineando prioridades ambientales, productivas e institucionales, aportando una metodología específica para ordenar los usos del espacio marino, atraer financiamiento internacional, fortalecer la economía azul y alinear compromisos ambientales y climáticos.
Diversas experiencias latinoamericanas ofrecen antecedentes valiosos sobre la aplicación de esta metodología y la pluralidad de arreglos institucionales mediante los cuales puede llevarse adelante: México presentó en diciembre de 2025 su Plan Oceánico Sostenible, resultado de un proceso de dos años que atravesó un cambio de administración y permitió articular sectores con intereses contrapuestos; Costa Rica expuso avances en conservación marina, pagos por servicios ecosistémicos, gestión de manglares, planificación espacial marina y vinculación de las políticas oceánicas con la agenda climática; Colombia, a su vez, reafirmó su compromiso de fortalecer la agenda oceánica y profundizar la cooperación internacional. Estas experiencias sugieren que no existe un único modelo institucional para impulsar tales procesos, pueden apoyarse en distintos arreglos administrativos y jurídicos, pero siempre son necesarios el liderazgo político, la coordinación estatal y la continuidad de los esfuerzos de articulación.
Estos planes deben cumplir ciertos requisitos metodológicos, a saber: a) ser inclusivos respecto de todos los actores involucrados (Nación, provincias, municipios, sociedad civil, sector privado, comunidad científica, etc); b) estar integrados en el sentido de la participación coordinada de todas las agencias públicas involucradas, c) ser adaptables a nuevas circunstancias, d) estar situados en términos espaciales y culturales, e) estar basados en la mejor ciencia disponible, f) ser consensuados a alto nivel político a fin de asegurar su implementación y financiamiento, g) estar basados en un enfoque ecosistémico, h) y tener desarrollo plurianual, atento la complejidad del tema y la multiplicidad de actores involucrados.
Como señalé anteriormente, el país ya cuenta con una base institucional, técnica y normativa significativa vinculada al ámbito marítimo y oceánico. Existen capacidades instaladas en áreas de defensa, pesca, ambiente, energía, transporte, ciencia y tecnología, sistema portuario, prefectura, investigación oceanográfica, provincias costeras y política exterior. En términos prácticos, gran parte de ese software necesario ya se encuentra presente.
La cuestión Malvinas
La ausencia de interés propio en el mar argentino tiene algunas excepciones notables. La cuestión Malvinas es una de ellas. El esfuerzo que hoy nos cabe es, por un lado, convertir la potencia emocional y política que genera Malvinas en políticas públicas y presupuestos sustentables en el tiempo. Por el otro, dar cuenta del contexto espacial de la disputa que es insular y marítima. Más de la mitad de nuestros espacios marítimos se encuentran bajo disputa. Malvinas es el capítulo más emotivo y fascinante de una gran novela que es la de nuestro país en el océano Atlántico y la Antártida.
Por último, deseo llamar la atención sobre un hecho reciente. La riqueza y la belleza de nuestros mares maravillaron a millones de espectadores que siguieron en directo las imágenes de las profundidades del Mar Argentino durante la expedición Talud Continental IV, encabezada por científicos del CONICET a bordo del buque de investigación RV Falkor (too), del Schmidt Ocean Institute. Aquella experiencia, que formó parte de una serie de campañas científicas desarrolladas entre 2025 y 2026, demostró también la capacidad de la divulgación científica para despertar el interés de la sociedad por un universo hasta entonces prácticamente desconocido para buena parte de ella.
Apalancarnos en esa emoción genuina para construir una narrativa oceánica es posible y necesario.
En este contexto el control de rutas marítimas, el acceso a la Antártida y la presencia de importantes recursos hidrocarburíferos en Malvinas hacen prever una mayor atención por parte de nuestras élites políticas y económicas.